La oposición aportó nuevas pruebas ante la Justicia para intentar comprobar una relación en las causas por defraudación de las obras sociales, la adulteración de remedios, el triple crimen y la financiación de la promoción del oficialismo en las elecciones de 2007 .
La Coalición Cívica presentó hoy nuevas pruebas ante la Justicia Federal para intentar probar que existe una "vinculación" en las causas por defraudación de las obras sociales, la adulteración de medicamentos, el triple crimen de General Rodríguez y la financiación de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Así lo informó a Noticias Argentinas el encargado de la presentación, el diputado Fernando Sánchez, quien llevó nueva documentación al juez federal Ariel Lijo, a quien tiempo atrás ya le había requerido que cite a declarar como imputado al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, el recaudador de la campaña presidencial del oficialismo en 2007.
Según Sánchez, a raíz de un pedido de informes que hizo la CC a la ex ministra de salud Graciela Ocaña acerca de la distribución de los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) entre 2004 y 2008, se detectó que "casi todos los subsidios otorgados a la obra social bancaria no están rendidos".
Además, aseguró que la CC presentó ante el juez unas siete carpetas con "auditorías realizadas en el Ministerio de Economía donde las asignaciones otorgadas a las obras sociales, de las cuales debe controlar la superintendencia, el 80 por ciento de esos subsidios están sin rendir".
En base a este pedido de informes, la CC denunció que en 2005 el monto destinado por APE para las obras sociales era de 351 millones de pesos y en 2008, pasó a ser de 736 millones, mientras que las obras sociales del Ministerio de Economía (OSME), de los ferroviarios, de UPCN y de bancarios recibieron entre un 54 y un 109 por ciento de aumento en el giro de fondos.
"No es casual la asignación creciente que la APE hizo de sus fondos hacia cuestionadas obras sociales sindicales y no resulta nada extraño que los beneficiarios por las defraudaciones y adulteración de medicamentos sean al mismo tiempo aportantes de la campaña del Frente para la Victoria", dijo Sánchez.
Si bien para el diputado "las causas están avanzando en distintos juzgados", se lamentó que sea la justicia electoral y no la penal la que lleve adelante la investigación por presuntas irregularidades en los fondos de campaña.
Sánchez se refirió a la investigación que tiene la jueza electoral María Servini de Cubría, sobre las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner y Julio Cobos.
A principios de esta semana, los diputados de la CC Sebastián Cinquerrui y Sánchez, habían solicitado al juez Lijo que le requiera a su par Oyarbide, copias certificadas y la transcripción de las escuchas telefónicas que constan en su causa, en las que involucran al empresario Néstor Lorenzo, aportante de la campaña de Kirchner, y Capaccioli.
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